Regulada. Los pasajeros vienen soportando desde hace tiempo la escasez de ómnibus en Asunción y las ciudades aledañas
Una veintena de empresas de transporte público de pasajeros en Asunción y el área metropolitana están siendo investigadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

La Administración Tributaria se encuentra analizando las declaraciones juradas que presentaron estas compañías, para verificar la correspondencia entre los ingresos expuestos en sus documentaciones y el dinero que recibieron en concepto del subsidio al pasaje.

De acuerdo con los reportes preliminares, la entidad detectó inconsistencias entre los montos declarados y lo que realmente percibieron estas 20 empresas de transporte, las cuales se convierten en serios indicios de evasión de impuestos.

Estas maniobras son aplicadas para defraudar al Fisco, ya que al declarar menos ingresos se disminuía en los papeles la ganancia real, por ende, el pago de tributos era menor. La pesquisa gira en torno al impuesto a la renta empresarial (IRE).

Si bien la SET no brindó aún el monto que se habría evadido por el secreto legal de las actuaciones, según se supo en la víspera, en un solo caso, hay una diferencia de G. 4.000 millones entre lo declarado y lo recibido en concepto de subsidio, a lo que hay que sumar los montos que abonan los pasajeros y que forman parte de la tarifa técnica.

Consultado al respecto, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, se limitó a decir que están esperando el descargo de los responsables de estas empresas. Recordó que la instrucción del presidente Mario Abdo Benítez fue controlar que todas las permisionarias del Gobierno cumplan con las leyes fiscales.

Agregó que, en caso de detectarse firmemente evasión de impuestos, las empresas en infracción se exponen a multas que van desde el 100% hasta el 300% del monto no abonado. Mencionó que, de encontrarse además facturas falsas entre los egresos, el caso podría ser derivado a la Fiscalía.

TURBULENCIA. Esta investigación de la SET se da en medio de una fuerte crisis en el sector, lo que motivó la destitución de Víctor Sánchez como viceministro de Transporte y el nombramiento de Óscar Stark.

Al creciente descontento por las reguladas, se sumó la detección de validaciones fantasmas que se habrían realizado con el objetivo de percibir más subsidio.

Poco antes de ser destituido, Sánchez remitió a la Fiscalía los datos de unas 26.000 validaciones fantasmas. Unos días después, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) habría revelado que, en realidad, son 480.000 las validaciones sospechosas.

Según los datos, la tarjeta más utilizada en el periodo de análisis (un año y tres meses) pagó 22.308 pasajes por un total de G. 50.841.200. Solo en enero del año 2022, la misma tarjeta gastó G. 7.604.900, lo cual equivale a 3.306 viajes, más de 100 viajes por día.

La cifra
20 son las empresas de transporte público de pasajeros que están siendo investigadas por supuesta evasión.

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