Un hombre camina frente a un grafiti con la imagen de la concejala brasileña asesinada Marielle Franco (EFE/Sebastião Moreira)

El caso de Marielle Franco, activista y concejala de Rio de Janeiro asesinada el 24 de marzo de 2018 junto con su chófer Anderson Gomes, ha destapado la caja de Pandora en la que se ha transformado Rio de Janeiro en los últimos años. Es un cuadro letal de corrupción política y connivencia de las instituciones con el crimen, en particular con las milicias que ahora se disputan el territorio con los grandes grupos criminales de la ciudad, como el Comando Vermelho (CV), el Terceiro Comando (TC) y los Amigos de los Amigos (ADA).

Los tres hombres detenidos el pasado domingo acusados de ser los presuntos instigadores del doble asesinato son personas muy conocidas en Brasil. Resulta chocante que entre ellos se encuentre Rivaldo Barbosa, que tomó posesión de su cargo como jefe de la policía civil de Rio de Janeiro justo el día antes del asesinato de Marielle. La investigación le acusa de haber planeado “meticulosamente” el homicidio y de intentar desviar la atención de la investigación de los instigadores. En su discurso de investidura dijo que su “prioridad era la lucha contra la corrupción”. “Una bofetada en la cara”, fue el comentario de Ágatha Amaus, viuda del chófer de Marielle. “Ver a estas personas que participaron (en el asesinato), que nos abrazaron, nos besaron, nos prometieron, dijeron que eran amigos de Marielle, es una bofetada”, dijo al comentar las tres detenciones, en particular la de Barbosa.

Mientras tanto, ya ha comenzado el juego de acusaciones sobre quién y por qué ascendió a este comisario a la jefatura de la policía civil de Rio de Janeiro, y justo en el tiempo del asesinato. Según el periodista del diario O Globo, Lauro Jardim, la promoción fue decidida por quien luego sería ministro de la Casa Civil y Defensa del gobierno Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, en ese momento ‘interventor’ de la Seguridad Pública de Rio de Janeiro, medida decidida por el entonces presidente Michel Temer para contrarrestar la ola de violencia que se apoderaba de la ‘ciudad maravillosa’. Braga Netto respondió diciendo que la elección de Barbosa fue hecha por Richard Nunes, su secretario de seguridad en aquel momento, a pesar de la opinión contraria de la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Rio. El próximo mes de abril, se tiene previsto que Nunes sea nombrado número dos del ejército, o Jefe del Estado Mayor, sólo superado por el comandante de las Fuerzas Armadas. Muchos se preguntan ahora si se confirmará este nombramiento o si, en cambio, el caso Marielle afectará a su carrera.

Los otros dos detenidos sospechosos de ser los instigadores, en cambio, son dos hermanos y políticos profesionales. Domingos Brazão ha sido concejal, diputado y actualmente es consejero del Tribunal de Cuentas del estado de Rio de Janeiro. Ya se ha visto envuelto en polémicas, sospechas de corrupción, vínculos con grupos criminales y milicias, e incluso un asesinato. Su hermano Chiquinho fue elegido concejal por primera vez en 2004, formó parte del Ayuntamiento de Rio durante 14 años y, como diputado federal desde 2019, goza de inmunidad. Por eso, el martes la Cámara de Diputados se reunió para votar si continuaba o no en prisión. La votación se aplazó hasta después de las vacaciones de Semana Santa.

El grado de desvergüenza política de los dos hermanos era tal, según la investigación, que ambos habían llegado a pedir al miliciano Laerte Silva de Lima y a su mujer que se infiltraran en el partido de Marielle, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) ya en 2016 para vigilar a la activista. Miliciano de Rio das Pedras, Laerte fue detenido en 2019 en el marco de la Operación Intocables, surgida a raíz de la investigación del caso Marielle. En libertad condicional desde 2020 hasta finales de 2023, volvió a ser detenido en una investigación contra la milicia de Rio das Pedras. Según la investigación, Laerte Silva era uno de los principales responsables de la recaudación de un impuesto que los comerciantes estaban obligados a pagar a la milicia. También se dedicaba a la usura, entre las principales actividades del grupo.

“El caso Marielle demuestra que Brasil ha alcanzado el estándar mexicano de connivencia entre la política y el crimen organizado”, escribe Diogo Schelp en el diario O Estado de São Paulo. “El jefe de policía Barbosa fue detenido acusado de participar en una conspiración para encubrir a los responsables del asesinato. Él mismo dirigía la policía civil encargada inicialmente de la investigación. Con las debidas proporciones, las sospechas sobre Barbosa recuerdan al caso del ex jefe de la lucha contra el narcotráfico en México, Genaro García Luna, condenado el año pasado en Estados Unidos por haber hecho exactamente lo contrario de lo que exigía su cargo: trabajar a favor y no en contra de los grupos criminales”, detalla Schelp.

El caso Marielle abre una dramática mirada al mundo de las milicias, grupos paramilitares formados en su mayoría por ex policías que fueron creados para proteger el territorio del narcotráfico y con los que acabaron compitiendo. En las zonas que controlan, gracias también a su connivencia con la política, viven ahora 2,1 millones de personas, cerca de un tercio de la población de Rio. En cuanto a Marielle Franco, había molestado a las milicias de Jacarepaguá en la zona este de la ciudad, donde se concentra la cuenca electoral más importante de la familia Brazão. Según reveló el asesino Ronnie Lessa a la policía, el motivo que más tarde llevaría a planear el asesinato de la activista habría sido un proyecto de ley aprobado en 2017 por el Ayuntamiento de Rio para regularizar las ocupaciones clandestinas, operadas de hecho por las milicias. Marielle había votado en contra de este proyecto y, según relatos de testigos, Chiquinho Brazão estaba furioso por esto. El proyecto se convirtió en ley, pero posteriormente fue anulado por los tribunales. La ocupación ilegal (grilagem en portugués) es una de las nuevas lacras de Rio. En estos terrenos, las milicias construyen edificios irregulares que luego venden a los ciudadanos de las favelas que buscan estabilidad habitacional. En 2021, en la zona de Rio das Pedras, donde históricamente nacieron las milicias, uno de estos edificios se derrumbó, alertando a todo Brasil del problema.

Lula no ha comentado públicamente hasta ahora las detenciones del pasado domingo. Domingos Brazão también había hecho campaña en 2010 por su delfina y candidata presidencial Dilma Rousseff cuando era diputado en el gobierno de Rio de Janeiro por el PMDB ahora MDB, el Movimiento Democrático Brasileño. El Partido de los Trabajadores, el PT de Lula se ha distanciado de estas detenciones, pero ya está empezando a explotar políticamente el caso. Su vicepresidente, Washington Quaquá, respondió como Poncio Pilatos al diario O Estado de São Paulo. “No digo que sea inocente o culpable”, declaró sobre Brazão. Mientras tanto, el PT está presionando abiertamente al alcalde de Rio, Edoardo Paes, del Partido Socialdemócrata (PSD), aprovechando que el caso Marielle ha minado su base. Chiquinho Brazão era, de hecho, secretario municipal de Acción Comunitaria hasta el pasado febrero. Hace siete meses, en un evento público, Paes había apoyado la candidatura a la Cámara de Rio de Kaio, hijo de Domingos Brazão. “Quien mejor representa a Jacarepaguá, quien más lucha por Jacarepaguá es la familia Brazão. Aplausos para estos grandes”, había dicho en aquella ocasión el alcalde. El PT quiere ahora que uno de sus hombres sea el candidato adjunto de Paes.

También hay silencio sobre el posible papel de Jair Bolsonaro y las ambiguas relaciones de su familia con las milicias. El ex presidente dijo sentirse “aliviado” por lo que ahora considera un caso resuelto, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional piden que las investigaciones se amplíen más allá de los tres principales detenidos el domingo pasado para incluir a otros actores porque “los ataques fueron altamente planificados” y porque la expansión de las milicias detrás del asesinato “depende de varios factores, incluyendo omisiones, tolerancia y aquiescencia del Estado, así como la impunidad y la incapacidad de las autoridades estatales para responder a las desviaciones internas dentro de sus estructuras”. Bolsonaro era vecino de Ronnie Lessa, el asesino que confesó y llevó a las últimas detenciones. Además, su hijo Jair Renan estaba comprometido con la hija del asesino, una relación que el ex presidente siempre ha dicho que no recuerda. Sin embargo, las investigaciones revelaron que en el mismo dia del asesinato se realizaron varias llamadas telefónicas desde la casa de Bolsonaro a la hija de Lessa, que en ese momento vivía en Estados Unidos. Además, cabe mencionar que Fabrício Queiroz, ex policía del Bope, el cuerpo de élite de la Policía Militar y ex ayudante de Flávio Bolsonaro, “aún mantiene influencia sobre las milicias”, según el Ministerio Público de Rio de Janeiro (MPRJ).

Una de las muchas concentraciones por el asesinato de la activista y concejal Marielle Franco (Europa Press/Archivo)

Ahora la sociedad civil se pregunta si alguien tendrá que rendir cuentas por las largas y viciadas investigaciones que han caracterizado este caso, completadas con falsos testigos para desviarlas. Baste mencionar que el Ministerio Público de Rio de Janeiro cambió cuatro veces el equipo que trabajaba en el caso. Dos fiscales lo abandonaron, acusando interferencias externas. Además, en la Policía Civil hubo cinco sustituciones de comisarios en la gestión de la investigación hasta que, en 2019, la entonces Procuradora General de la República, Raquel Dodge, pidió la federalización del caso, que pasó entonces a la Policía Federal. Además, la ex diputada del Partido Democrático Laborista (PDT) Cidinha Campos había denunciado reiteradamente a Domingos Brazão cuando ambos ocupaban escaños en la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro (Alerj) entre 1999 y 2015. “Si hubieran tenido en cuenta todas las denuncias que hice, Marielle estaría viva hoy, pero los políticos de la Alerj tenían miedo de Brazão”, dijo Campos, que incluso había hecho denuncias al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), pero sin resultado.

Sobre todo, el caso Marielle reveló la corrupción policial en Rio de Janeiro. Según la investigación de la Policía Federal, la Policía Civil participó en la planificación del crimen, imponiendo condiciones sobre cómo y dónde debía producirse el asesinato. También obstruyó la justicia, ignorando pruebas y siguiendo líneas de investigación equivocadas para obstaculizar el esclarecimiento del caso. Por último, se puso de manifiesto la connivencia con el crimen organizado, participando activamente en la compleja red criminal que sometió al poder legislativo y a los órganos de control a los intereses patrimoniales de la milicia. Todo esto exige ahora un cambio de rumbo, como señalan los expertos en seguridad. Desde un nuevo diseño institucional que combata la corrupción dentro de las instituciones hasta nuevas formas de control en la línea de las llamadas “comisiones de supervisión” (oversights commissions en inglés) en las que representantes de la sociedad civil pidan cuentas a la policía.

Mientras tanto, muchos puntos siguen oscuros. Ni el arma del crimen, una potente ametralladora MP5 robada en la sede de la Policía Federal en Rio, ni el coche Cobalt conducido por el ex policía militar Élcio Queiroz, en el que viajaba el asesino Ronnie Lessa, han sido nunca encontrados. La única certeza es el eco amargo de las palabras del general Braga Netto, que un mes antes del asesinato había declarado que “Rio es un laboratorio para Brasil”, que lo que ocurriría con la intervención federal garantizaría “mayor agilidad” en el trabajo de inteligencia para “recuperar la credibilidad” de la seguridad pública del Estado. Palabras enterradas un mes después bajo los disparos contra Marielle Franco y su chófer Anderson Gomes.

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