Polémica por títulos universitarios: denuncias contradicen versión de UNISUD sobre el período investigado
Asunción. La investigación sobre la presunta expedición irregular de títulos universitarios continúa generando controversia luego de que la Universidad Sudamericana (UNISUD) sostuviera públicamente que las irregularidades denunciadas corresponderían a administraciones anteriores al año 2015, deslindando responsabilidades de la gestión actual.
Sin embargo, documentos incorporados a denuncias y elementos que forman parte de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público son presentados por los denunciantes como indicios de que algunos títulos cuestionados habrían sido expedidos con fechas posteriores a 2015, incluso entre 2019 y años siguientes. Estos antecedentes están siendo analizados por la Fiscalía para determinar su autenticidad, las circunstancias de su emisión y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.
La actual administración de UNISUD sostiene que desde finales de 2015 la institución fue objeto de una profunda reestructuración académica y administrativa, afirmando que la documentación cuestionada corresponde a hechos anteriores a ese proceso. Asimismo, manifestó haber colaborado con las autoridades competentes y puesto a disposición la documentación requerida para el esclarecimiento del caso.
Por su parte, los denunciantes sostienen que existen títulos universitarios con fechas de expedición posteriores a 2015 cuya legalidad debe ser esclarecida por el Ministerio Público, por lo que consideran que la investigación debe abarcar también actuaciones desarrolladas durante la administración vigente al momento de la emisión de esos documentos.
Ante estas posiciones contrapuestas, el Ministerio Público continúa recabando informes, registros académicos y documentación oficial para determinar cuándo fueron expedidos los títulos cuestionados, bajo qué procedimientos administrativos y si existieron o no irregularidades que puedan constituir hechos punibles.
La causa permanece en etapa investigativa y hasta el momento no existe una resolución judicial firme que establezca responsabilidades penales respecto de la universidad o de personas determinadas, por lo que rige plenamente el principio constitucional de presunción de inocencia.
