Juez corrige error y embarga mansión de San Ber que sí estaba a nombre de Santiago Peña y su esposa
El juez Humberto Otazú decretó la prohibición de innovar y contratar a más de ordenar el embargo de la mansión de San Bernardino, de propiedad del ex presidente Santiago Peña Palacios y de su esposa, Leticia Ocampos de Peña, por un monto de G. 3.608.550.782.201. Esto, tras el pedido de rectificación de la Fiscalía. Se dejó sin efecto el fallo anterior que embargó un inmueble equivocado de José Luis Módica.
Embargada. La mansión ubicada en San Bernardino está a nombre de Santiago Peña y su esposa Leticia Ocampos.
Foto: Archivo.
La Fiscalía había pedido rectificar la resolución de embargo de los inmuebles de San Bernardino donde se equivocaron de propiedades.
De esta manera, el magistrado dejó sin efecto la resolución anterior que había dispuesto erróneamente el embargo de ocho inmuebles de la misma ciudad.
A esto se suma que la defensa de Santiago Peña, a cargo del abogado Ricardo Preda, también presentó un escrito para hacer ver el error en la medida cautelar dictada por el juzgado.
Así, el juez de Delitos Económicos ordenó la prohibición de innovar y contratar sobre el inmueble ubicado en el distrito de San Bernardino, con una superficie de 5.012,07 m2 por un monto de G. 3.608.550.782.201, propiedad de Santiago Peña Palacios y Leticia Ocampos.
Además, dispuso dejar sin efecto lo dispuesto en la resolución del 10 de noviembre pasado donde se embargó el inmueble de Mujica.
Asimismo, decretó el embargo preventivo sobre el citado inmueble de San Bernardino, conocida como la mansión del presidente.
Según la documentación con la que cuenta ahora el Ministerio Público, el inmueble fue adquirido por escritura pública del 2 de diciembre del 2025,
celebrada ante el escribano Víctor José Coronel Villalba.
La mansión fue vendida por la firma Ruser Group SA a favor de
Santiago Peña Palacios y Leticia Ocampos de Peña. Tiene una superficie de 5.012,07 m2 y la transacción fue por un monto de G. 3.608.550.782.201.
Dice el juez que del relato fiscal en la imputación surgen elementos de sospecha que permiten vincular con el circuito de operaciones investigadas, referentes a ueno bank SA, entidad que habría recibido depósitos y colocaciones provenientes de entidades públicas y previsionales mientras habría estado otorgando créditos de forma irregular a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria.
Dichas operaciones se habrían hecho mediante la cooperación previa y directa con relación económica del quien era entonces presidente Santiago Peña, dice la resolución judicial.
Refiere que el ex presidente habría utilizado su posición institucional para promover o determinar decisiones relacionadas con la colocación y mantenimiento de recursos públicos en la entidad bancaria.
Con estos argumentos, finalmente se dispuso la medida cautelar.
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