Fondos de los entes binacionales deben incorporarse al PGN
El Presupuesto General de la Nación (PGN) es el principal instrumento de política fiscal y, si se quiere, es el más importante para cualquier Estado, no solo porque refleja las prioridades reales de este, sino también porque es donde confluyen los principios de transparencia, acceso a la información y re
Cualquier intento de argumentación de usar fondos en políticas públicas por fuera del PGN solo muestran la resistencia de los políticos a transparentar y rendir cuentas de sus actos. Esta negativa genera todavía más suspicacia si se considera que el 2021 es un año electoral.
Nadie puede negar el hecho de que el sistema político-electoral paraguayo es prebendario y clientelista, y que el marco institucional del financiamiento de campañas tiene problemas para garantizar transparencia, apego a las normas y penalización de los delitos.
Esta condición estructural se aplica a la política partidaria en muchos ámbitos y con recursos públicos. A nivel territorial se da con el financiamiento a operadores políticos, con el pago directo y el traslado a electores el día, implementando acciones escondidas bajo un manto mentiroso de política pública como la asistencia a campesinos, el financiamiento de proyectos de mujeres, las becas a jóvenes, la construcción de un pozo de agua o cualquier otra iniciativa que se hace al margen de la institucionalidad.
En las contrataciones públicas ya existe suficiente evidencia acerca del complejo entramado de actores en el que confluyen empresas de maletín y empresas privadas consolidadas y de larga trayectoria en el mercado vinculadas a políticos y funcionarios públicos. A nadie escapa que los escándalos forman parte de una red de corrupción público-privada que tiene vasos comunicantes con el sistema de partidos, lo que a su vez se relaciona con el financiamiento electoral.
Cuando los recursos pasan por el sistema de administración financiera, se cuantifican y visibilizan, lo que hace posible la auditoría ciudadana. Esto le permite conocer, vigilar y dar señales de alarma cuando detecta problemas.
La intención de esquivar el sistema de administración financiera no es solo de los fondos de las binacionales. También las municipalidades consiguieron ocultar los recursos que manejan al no estar incorporadas plenamente en el Presupuesto. Si hoy la ciudadanía quiere saber en qué gastan los municipios, cuáles son sus prioridades fiscales en salud, educación, infraestructura, a quiénes benefician, al menos por grandes grupos poblacionales, no puede porque no existe esa información desagregada y comparable anualmente.
Una situación similar pasa desde hace años con los fondos de las entidades binacionales. El objetivo es el mismo: manejar discrecionalmente fondos sin la necesidad de rendir cuentas con mecanismos transparentes y sistemáticos.
Para evitar incorporarse a los mecanismos institucionales existentes se esgrimen argumentos jurídicos falaces cuando en realidad lo que hay detrás son la falta de ética y responsabilidad pública, el interés particular y del partido político al que representa la autoridad de turno.
Si queremos un país desarrollado debemos avanzar en la vigencia de un estado de derecho, lo cual implica transparencia y rendición de cuentas de los fondos que se utilizan en cualquier política pública y por cualquier político, incluyendo los “fondos sociales” de las entidades binacionales. Para eso, deben ser incorporados al Presupuesto General de la Nación.
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