Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”
El fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, explicó a Infobae los riesgos de este proyecto que fue votado por los bolsonaristas, los parlamentarios del Centro, y por 12 diputados del Partido de los Trabajadores de Lula. “Esta propuesta viola gravemente la Constitución”, advirtió
El pleno de la Cmara de Diputados de Brasil (BRUNO SPADA/CMARA DOS DEPUTADOS/Europa Press)
La propuesta deenmienda constitucionalpara blindar los cargos polticos, votada el martes pasado en la Cmara de Diputados con 344 votos a favor y 133 en contra, ha sido irnicamente apodada la PEC de los bandidos, ya que limita la accin de la magistratura contra los parlamentarios.El proyecto fue votado por los bolsonaristas y los congresistas del Centro, el llamado Centro, pero tambin por12 diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, entre ellos el vicepresidente nacionalJilmar Tatto. El ncleo de la propuesta es la reintroduccin de la obligacin del Tribunal Supremo Federal (STF) de obtener la autorizacin previa del Congreso para iniciar procedimientos penales contra diputados federales y senadores, norma que ya exista entre 1988 y 2001 y que fue abolida para favorecer la lucha contra la impunidad.
Se est diciendo de forma clara e inequvoca que, si los diputados federales y senadores cometen cientos de delitos,ni siquiera sern investigados. Esto extiende una alfombra roja al crimen organizado. Es como si se les dijera: Vengan a la Cmara, vengan al Senado, aqu hay un lugar reservado para ustedes, para ser diputados y senadores sin riesgo de molestias, sin investigaciones. Es la impunidad naturalizada y garantizada por ley, explica aInfobaeel fiscal de Justicia de San Pablo,Roberto Livianu, presidente del Instituto No acepto la corrupcin.
El texto votado esta semana podra tener repercusiones en 36 investigaciones que involucran a 108 diputados ante el STF. Adems,beneficiara directamente al hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien junto con su padre est acusado de haber presionado a las autoridades estadounidenses por los aranceles a Brasil. Tambin facilitara tanto a los aliados como a los opositores del Gobierno, en particular en las investigaciones sobre la malversacin de las llamadas enmiendas parlamentarias, es decir, fondos gubernamentales que no requieren rendicin de cuentas.
Algunos puntos de la propuesta son especialmentecontrovertidos. En primer lugar, la PEC abre la puerta a una interpretacin que hara a los parlamentarios inmunes incluso al embargo de bienes, al bloqueo de salarios o a medidas civiles y laborales, incluso por hechos no relacionados con su mandato. Adems, todos los procesos penales dependeran de la autorizacin de las Cmaras. Esto podra congelar las acciones en curso, incluidos los procedimientos iniciados en los tribunales ordinarios. No hay que olvidar que la Constitucin brasilea equipara las inmunidades federales y estatales, por lo que la propuesta tambin debera aplicarse a los diputados regionales. Por ltimo, podra aumentar el riesgo de prescripcin de los delitos y del llamado foro privilegiado. Esto se debe a que el texto ampla la proteccin tambin a los presidentes de partidos con representacin en el Congreso, como Valdemar Costa Neto, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, Edinho Silva, del PT de Lula, y Antonio Rueda, de la Unin Brasil, aunque no tengan mandato electivo. Precisamente Rueda, que sin embargo niega todas las acusaciones, ha sido objeto estos das de investigaciones de la Polica Federal en el marco de la operacin Carbono Oculto. Se sospecha que es el propietario oculto de una empresa de aviones privados investigada por sus vnculos con un sistema de blanqueo de dinero del PCC.
El presidente de la Cmara de Diputados de Brasil, Hugo Motta (BRUNO SPADA/CMARA DOS DEPUTADOS/Europa Press)
Si la PEC tambin se aprueba en el Senado, se promulgar sin pasar por la presidencia. Sin embargo, se espera unlitigio legal. El STF podra declarar inconstitucional, en su totalidad o en parte, la propuesta, que es ms amplia y permisiva que la norma vigente entre 1988 y 2001. Mientras tanto, maana estn previstas manifestaciones en todo el pas tanto contra la PEC del Blindaje como contra la propuesta de amnista aprobada con carcter de urgencia el mircoles. En las redes sociales, el clebre msico brasileoCaetano Velosoha criticado duramente el voto de los parlamentarios. Debe haber una respuesta socialmente sana por parte de la sociedad brasilea. Una demostracin de que la gran mayora de la poblacin brasilea no acepta algo as, escribi Veloso. Junto con otras dos estrellas de la msica brasilea,Chico BuarqueyGilberto Gil, ha organizado para maana en Ro de Janeiro un concierto de protesta.
Roberto Livianuexplica aInfobaelo terrible que es para Brasil el riesgo que supone la PEC de blindaje. Estamos hablando de prdida de credibilidad en las instituciones, prdida de confianza en el pas, prdida de seguridad jurdica. Esta propuesta viola gravemente la Constitucin, el principio de separacin de poderes, el de isonoma constitucional, el principio segn el cual ninguna lesin a un derecho puede sustraerse al poder judicial, el de imparcialidad, el de moralidad administrativa, el de legalidad, la tica republicana. Es una serie de valores que se pisotean, una bofetada en la cara a la sociedad.Quin querr invertir en un pas en el que no hay confianza en las instituciones, en el que no hay seguridad jurdica?, dice Livianu aInfobae.
Muchos piensan que la brecha entre la poltica y la sociedad civil se hace cada vez mayor debido a esta PEC. Segn una reciente encuesta de Datafolha,8 de cada 10 brasileos consideran que el Parlamento acta ms en favor de sus propios intereses que en favor de la sociedad.
La nueva propuesta de enmienda constitucional es un insulto a los votantes y contribuyentes, cada vez ms vidos de transparencia en los asuntos pblicos. Sobre todo cuando se trata de una estructura parlamentaria que consume 15.000 millones de reales (2.816 millones de dlares) al ao y es una de las ms caras del mundo, se lee en un editorial del diarioFolha de So Paulo.
La votacin del Parlamento ha suscitado debate en el pas y est influyendo tambin en las decisiones polticas sobre el tema de la seguridad. El ministro de Justicia,Ricardo Lewandowski, anunci en una entrevista al diarioO Globoque en un plazo de 15 das enviar al presidente Lula un proyecto de ley destinado a contrarrestar el impacto financiero de la delincuencia organizada y afirm que el Ministerio est supervisando varios sectores de la economa en los que las facciones ya se han afianzado. Nunca hemos tenido un enfoque holstico en la lucha contra el crimen organizado. Siempre se ha dado por sentado que la simple accin policial sera suficiente.Hoy en da se necesitan acciones sofisticadas, con inteligencia y estrangulamiento financiero, declar el ministro. La propuesta de su ministerio es atacar sector por sector. Hemos empezado por los combustibles, dijo refirindose a la reciente operacinCarbonio Occulto, que revel una trama delictiva en la que estaba involucrado elPrimer Comando de la Capital(PCC), el principal grupo delictivo del pas. Pero, segn el ministro, tambin llaman la atencin el transporte pblico, la construccin, la recogida de residuos y, ms recientemente, las fintech.
Un problema que ha surgido es lainfiltracin del crimen organizado en el proceso electoral, que lanza candidatos que luego controlan los ayuntamientos. En una reunin con los presidentes de los partidos, dije que es importante realizar controles. Hay un trmino estadounidense: Conoce a tus clientes, afirm. Sin embargo, Lewandowski niega que el principal grupo criminal del pas, el PCC, pueda clasificarse como una mafia. Una postura diametralmete opuesta a la del principal fiscal al frente de la lucha contra el PCC,Lincoln Gakiya, quien hace unas semanas, durante un evento sobre seguridad organizado por la Universidad de San Pablo (USP), declar aInfobaeque s, el PCC es ahora una mafia. En resumen, en materia de seguridad, las instituciones parecen seguir caminos diferentes. El problema es que el crimen organizado siempre va un paso por delante.
El clebre msico brasileo Caetano Veloso ha criticado duramente el voto de los parlamentarios (EFE/J.M.Garca/Archivo)
El lunes, por primera vez en aos, el crimen organizado volvi a asesinar a funcionarios del Estado en Brasil. Se trata del ex comisario general de la Polica Civil de San Pablo,Ruy Ferraz Fontes, asesinado en Praia Grande, en la costa de San Pablo, por hombres armados con rifles. Segn las investigaciones, casi con toda seguridad se trat de una emboscada del PCC, queFerraz Fontesfue uno de los primeros en investigar a principios de la dcada de 2000. Hasta ahora, los nicos detenidos han sido el narcotraficanteLuiz Henrique Santos Batista, conocido como Fofo, acusado de haber participado en la logstica del atentado, y una mujer que habra transportado una de las armas utilizadas. Los otros tres delincuentes contra los que se ha dictado orden de captura siguen en paradero desconocido, mientras que la Polica Civil de San Pablo ha rechazado la oferta de ayuda de la Polica Federal en la investigacin.
Mientras tanto,temen por su vida los fiscales que luchan en primera lnea contra el crimen organizado brasileo, empezando por Gakiya, que ha planteado un tema muy importante, el duelo por la escolta incluso despus de la jubilacin, una oportunidad que actualmente no contempla la legislacin brasilea y una laguna de la que ya se ha aprovechado el PCC para asesinar a Ferraz Fontes, que estaba jubilado y trabajaba como secretario de la administracin de Praia Grande. Si no hay garanta de proteccin, sobre todo despus de la jubilacin, personas como yo, por ejemplo, no tienen ms remedio que solicitar asilo poltico en el extranjero, afirm Gakiya, que est valorando la idea de trasladarse ms adelante a Europa o a Estados Unidos.
Mientras tanto, tras la ejecucin de Ferraz Fontes, se ha acelerado el debate sobre la PEC de Seguridad Pblica que se est discutiendo en la Cmara de Diputados. El ponente de la PEC, el diputadoMendona Filho, del partido Unin Brasil, ha decidido ampliar el texto e incluir medidas especficas para combatir el crimen organizado. Entre ellas figuran la posibilidad de confiscar anticipadamente los bienes de los grupos delictivos, la opcin de encarcelamiento en segunda instancia, antes de la sentencia definitiva, la garanta de anonimato a los jueces que juzgan a los lderes de los grupos delictivos y medidas reforzadas de proteccin para las autoridades y las fuerzas del orden amenazadas.
Durante la primera audiencia de la comisin especial, el ministro de Justicia,Ricardo Lewandowski, prometi un paquete de leyes complementarias, con instrumentos para golpear las finanzas de las facciones y legalizar el uso de agentes infiltrados, siguiendo el modelo de Italia y Estados Unidos. Tambin defendi la necesidad de garantizar la proteccin de los policas y funcionarios que estn en primera lnea contra las organizaciones criminales, subrayando que medidas de este tipo podran haber salvado la vida de Fontes. Lewandowski tambin declar que quiere concentrar los esfuerzos con el Congreso para aprobar un amplio paquete anticrimen, integrando varios proyectos que ya se encuentran en fase avanzada de discusin, de los cuales el Gobierno apoya alrededor del 90%.
El problema afecta a todo Brasil y no solo al PCC. Tambin esta semana, un comando de milicianos armados irrumpi en el hospital Pedro II, en Santa Cruz, Ro de Janeiro, para matar a Lucas Fernandes de Souza, un exmiliciano que se haba pasado al Comando Vermelho (CV). Ingresado tras ser herido por otro miliciano, Lucas ya haba sido detenido en 2019 por extorsin y actividades delictivas relacionadas con las milicias, y estaba en libertad condicional desde 2022. El episodio est relacionado con la guerra entre milicias rivales y el intento del CV de expandirse por la zona oeste de Ro de Janeiro.
infobae.com
