El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) se reunió ayer en sesión y surgió un nuevo dato que de vuelta fue cuestionado por el nuevo titular del ente, el Dr. Isaías Fretes. Revelaron que se pagó una millonaria suma por un sistema de detección y prevención de incendios recientemente adquirido que falló durante un siniestro ocurrido en el Hospital Central el pasado 18 de febrero de 2026, ya que las alertas no se activaron. Ante esta situación, el Consejo había exigido una auditoría exhaustiva y una detallada rendición de cuentas.

El IPS destinó más de G. 9.000 millones a la implementación de ese sistema en el Hospital Central; no obstante, no cumplió con su cometido en el momento crítico. La problemática fue expuesta por un miembro del Consejo de Administración durante una sesión ordinaria, en la que se evaluaron los efectos del siniestro y sus implicancias para la institución.

“Se pagaron G. 9.000 millones por un sistema y no funcionó”, refirió el consejero José Emilio Argaña Contreras, quien agregó que revisó la licitación correspondiente y que las alertas no se activaron al momento del incendio.

Sin póliza de seguro

A la gravedad de la falla técnica en el sistema de prevención de incendios se suma otra revelación: el Hospital Central del IPS no cuenta con ninguna póliza de seguro que cubra siniestros de esta naturaleza. La Gerencia de Abastecimiento y Logística informó al Consejo que no existe contrato de seguro vigente para el edificio ni para sus equipamientos. Esto, según los propios consejeros, representa una vulnerabilidad institucional de primer orden.

“Póliza... No, no hay. Nunca se aseguró el edificio”, subrayó una de las consejeras, agregando que nunca se aseguró por falta de presupuesto.

“Dios nos guarde y libre nunca ocurra algo que afecte a pacientes internados, yo creo que hay que gerenciar los medios para que el instituto, los hospitales estén cubiertos. Esto si llega a ocurrir puede ser una catástrofe para la institución”, alertó el presidente Fretes ante esta revelación de que el edificio no tiene seguro contra incendios.

En cuanto a las causas del siniestro de febrero de este año, el Consejo señaló que aún no se dispone de un informe conclusivo.

Se indicó que el cableado eléctrico del hospital es obsoleto y ya no soporta la potencia requerida por los equipos actuales, lo que genera recalentamiento y aumenta el riesgo de incendio.

Auditoría eléctrica y capacitación del personal, entre las medidas exigidas

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Administración resolvió avanzar en varias líneas de acción. En primer lugar, exigió que la Dirección de Auditoría Interna investigue las causas del incendio y verifique si el contrato del sistema antiincendios se encuentra vigente, así como si se cumplieron las obligaciones previstas en ese contrato.

En segundo lugar, se discutió la necesidad de realizar una auditoría eléctrica integral de las instalaciones del hospital, para determinar el estado real del cableado y los sistemas de distribución de energía. Se mencionó la posibilidad de coordinar con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), aunque se aclaró que la entidad estatal habitualmente solo interviene en instalaciones externas, no en los sistemas internos de los edificios.

En tercer lugar, los consejeros plantearon la urgencia de capacitar a todo el personal del hospital en materia de prevención y evacuación en caso de incendio, en coordinación con los Bomberos Voluntarios del Paraguay. “En mi hospital, en Francia, se hacía ese simulacro todos los años, dos veces al año se hacía”, comentó el Dr. Isaías Fretes, titular del IPS, destacando la necesidad de implementar esta práctica.

“Hay que pedir el informe y sobre los papeles vemos”

Una de las secretarias que participaron en la reunión llamó a la cautela antes de emitir juicios definitivos sobre las compras realizadas, específicamente sobre el sistema de incendios. “Hay que pedir el informe primero y sobre los papeles vemos”, insistió, aunque reconoció que, si los hechos se confirman, se estaría ante una situación de extrema gravedad institucional.

“Si se pagaron G. 9.000 millones para tener algo de fundamental importancia y llegado el momento que se necesitaba no funcionó, eso es muy grave”, sentenció el nuevo titular del IPS, poniendo en contexto la magnitud del perjuicio a la institución y, por extensión, a los asegurados.

El caso podría derivar en responsabilidades administrativas y –¿por qué no?–, eventualmente penales, dependiendo de los resultados de la auditoría y de los informes que el Consejo solicitó a las distintas gerencias del IPS. La institución aún no emitió una declaración oficial pública sobre el funcionamiento del sistema contra incendios durante el siniestro del 18 de febrero.

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Derroche en IPS: Clan Rienzi proveyó excesivos insumos para ostomizados

El Clan Rienzi, liderado por el empresario Juan Domingo Rienzi Grassi (suegro del diputado Rubén Rubin), aparece como uno de los principales proveedores de los insumos para ostomizados del Instituto de Previsión Social (IPS). La previsional realizó una excesiva compra cuando la cantidad de pacientes es ínfima.

El nuevo titular, Isaías Fretes, denunció ayer en conferencia de prensa la compra excesiva de medicamentos ostomizados que no llegarán a ser utilizados debido a la poca cantidad de pacientes.

De ese monto, cerca de la mitad fue adjudicada a empresas vinculadas al llamado Clan Rienzi, específicamente Bioteng y Euroquímica, que en conjunto proveyeron 111.575 unidades por G. 2.934 millones.

Ayer el presidente del IPS explicó que la previsional cuenta con apenas 10 pacientes que requieren este tipo de bolsas. Cada uno utiliza en promedio cuatro bolsas por semana. Estos productos tienen una vida útil de tres años. En consecuencia, una parte importante del stock corre riesgo de vencimiento.

Como parte de las primeras medidas, el titular del IPS dispuso la destitución de varios asesores y designó nuevos funcionarios en los cargos estratégicos.

CLAN RIENZI

Según había publicado el programa de investigación La Caja Negra (Unicanal), la empresa Prosalud Farma está vinculada al empresario Juan Domingo Rienzi Grassi y a Camila Rienzi Zuccolillo, esposa del diputado Rubén Rubin. El grupo empresarial también opera a través de otras “firmas hermanas” como Bioteng y Euroquímica, que en conjunto concentran una importante porción del mercado de provisión de medicamentos al Estado paraguayo.

Desde el 2020 hasta la fecha, las tres empresas del clan Rienzi registran contratos con el IPS y el Ministerio de Salud por la suma de 404.503.993 dólares. Solo Prosalud acumula 210 adjudicaciones en contratos con ambas instituciones. Por su parte, Bioteng suma 118 licitaciones, mientras que Euroquímica registra 193 adjudicaciones.

En total, estas empresas concentran cerca del 10 % de las adjudicaciones en provisión de bienes dentro del sistema de salud pública. El grupo participa en las licitaciones mediante sus empresas vinculadas, lo que le permite mantener presencia bajo distintas razones sociales.

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