"Partner" de Dionisio Amarilla tiene toda una red para facturar al Estado
Al menos una docena de empresas aparecen vinculadas a ÃÔÇ£scar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y "partner" (compañero-socio) del senador liberal llanista Dionisio Amarilla. La red facturó al Estado casi G. 770.000 millones en una década, con la venta desde útiles
Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado José Chamorro (ANR) y amigo del senador liberal Dionisio Amarilla Guirland. / ABC Color
Desde útiles de oficina, como papeles, hasta equipos de vigilancia supuestamente de última tecnología, productos químicos, servicios de seguridad y provisión de pólvora. Este es el amplio espectro de negocios de las empresas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja.
Este proveedor del Estado, hijo del exdiputado colorado José Chamorro y “partner” del senador liberal llanista Dionisio Amarilla, aparece vinculado a al menos una docena de firmas. Cuando intentó frenar las publicaciones de nuestro diario dijo que eran sus contratos con el sector privado los que le daban sus mayores ingresos, pero datos de Contrataciones Públicas demuestran que no es así.
Entre 2008 y principios de este año, la docena de empresas vinculadas a Chamorro facturaron al Estado unos G. 770.000 millones, aproximadamente US$ 130 millones. Chamorro Lafarja es abogado de SST Security Service Technology SA, empresa de seguridad que recibió G. 490.000 millones, casi la mitad de lo que gastaron entidades públicas en ese concepto.
Aquello es sin contar sus contratos con las dos entidades binacionales, documentos que siguen ocultos.
Chamorro es además accionista y presidente de Bullers SA, una compañía que recibió G. 90.000 millones en acuerdos de servicios con entidades públicas. Esa firma se dedica mayoritariamente a la venta de equipos de vigilancia.
La empresa Makri SA es la tercera más rentable para Chamorro Lafarja. Con ella vendió productos químicos y medicinales a la Facultad de Medicina de la UNA, prótesis e insumos de cirugía general para el Instituto de Previsión Social, como también jeringas y hasta reactivos químicos al Ministerio de Salud Pública. En total, con esta empresa Chamorro recibió del erario más de G. 20.000 millones.
Socios que se repiten
Chamorro Lafarja es directivo también de CG TEC SA y Negocios Internacionales & Comunicación SACI y de Servicios. Estas recibieron en conjunto unos G. 35.000 millones.
En ambas empresas aparece como socia de Chamorro Lilian Icela Giménez Espínola. Es la misma que aparece como directiva de la firma Renova SA, dedicada a la provisión de servicios de limpieza y que recibió casi G. 80.000 millones en contratos con el Estado.
En Negocios Internacionales, Chamorro tiene como otra de sus socias a Cristina Alice Genes Barrios, directiva de la firma Organización Watchman SRL, empresa que formó consorcios con compañías vinculadas directamente a Chamorro Lafarja, como SST, con la que configuraron el Consorcio SSTOW.
Watchman y el Consorcio SSTOW recibieron unos G. 80.000 millones de contratos con el Estado en la última década.
Hablando de consorcios, las firmas CG Tec y Bullers SA, que tienen como accionista a Chamorro, formaron también un consorcio con SST cuando esta firma todavía se llamaba Doram. Se trataba del Consorcio DBC.
CG TEC también formó parte del Consorcio Telefonía Digital Paraguay, en el que aparecen vinculados Pablo Daniel Enciso y Parasoft SRL.
La misma CG TEC también conformó el Consorcio CG TEC Bullers SA.
Chamorro Lafarja también aparece vinculado al Consorcio BSS, conformado por SST Security SA y Bullers SA.
El exdiputado José Chamorro, padre de Óscar Chamorro Lafarja, aparece como representante de la compañía Green SA Security, otra empresa de servicios de seguridad.
Al diputado Chamorro se lo vinculó en varias oportunidades con Alberto Raúl Palumbo, uno de los directivos de la firma Potî SA, otra empresa de servicios de limpieza en la que figuran como socios Carlos José Palumbo Chamorro y Jorge Miguel Palumbo Chamorro.
Un mecanismo bien montado para facturar.
Por Juan Carlos Lezcano F.
Gastos de seguridad privada en IPS se dispararon en la última década
Entre 2008 y 2019, el presupuesto que el Instituto de Previsión Social (IPS) destina para comprar seguridad y vigilancia se disparó. El incremento fue más de 1.000%. Mientras tanto, asegurados sufren carencias y se habla constantemente del riesgo de un déficit.
En la última década, el gasto de seguridad y vigilancia se disparó en el IPS. / ABC Color
En una década, los gastos del IPS en concepto de seguridad y vigilancia se dispararon en un 1.000%.
En 2008, la previsional destinó unos G. 9.900 millones para estos rubros; para el actual ejercicio fiscal tiene previsto destinar más de G. 100.000 millones.
Salvo el 2015, desde el 2008 se registró un aumento anual de los fondos destinados para estos rubros, de acuerdo a datos oficiales.
Para 2009, la cifra trepó a G. 15.000 millones. Dos años más tarde, en 2011, la cifra ya había superado la barrera de los G. 29.000 millones, durante la presidencia de Jorge Stevan Giucich.
Durante la presidencia del liberal llanista Fernando Silva Facetti, el monto también aumentó de forma sostenida. En 2013, la previsional destinaba ya unos G. 45.000 millones para la compra de seguridad y vigilancia.
Silva Facetti es del mismo grupo político que el también senador Dionisio Amarilla, filmado días atrás en una reunión en la que se pedía a un periodista de nuestro diario frenar publicaciones que afectaban a la firma SST Security Service Technology SA, vinculada al exdiputado José Chamorro y la misma que monopoliza hace una década este servicio para la previsional.
En 2014, año en el que se sucedieron como titulares del ente Hugo Royg y Benigno López, se sobrepasó la barrera de los G. 50.000 millones.
Pero el período durante el cual se dio el mayor aumento fue durante los años que el IPS tuvo a Benigno López, hoy ministro de Hacienda, como su titular.
De unos G. 44.000 millones que se gastaron para seguridad y vigilancia en 2015, se pasó a destinar G. 80.000 millones para ese rubro.
Para el presente ejercicio fiscal, se previeron más de G. 100.000 millones para estos gastos.
Asegurados sufren con las carencias
Asegurados que esperan horas sentados al teléfono para conseguir turnos dentro de varios meses, hospitales cuyas infraestructuras se caen a pedazos, personal de blanco sobrepasado en su capacidad de atención y medicamentos que escasean.
A todo ello hay que sumar que el ente podría colapsar en menos de 20 años, de acuerdo a un estudio presentado el año pasado y publicado por ABC Color.
A pesar de toda esta situación, el ente insistía en pagar unos G. 140.000 millones para adquirir servicios de seguridad y vigilancia, para lo que contratará a las firmas SST Security Service Technology SA y Bullers SA, ambas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado colorado José Chamorro.
Solo en el lote de seguridad física, el IPS tenía previsto destinar cerca de G. 120.000 millones de los asegurados para entregar a las empresas de la familia Chamorro.
Comparando otros contratos con entidades públicas, saltó a la luz que el IPS estaba a punto de pagar casi un 40% de sobreprecio.
La previsional hizo caso omiso a las denuncias. Sin embargo, el proceso se frenó por orden de Mario Abdo.
