Las siete admisiones que complican aún más el panorama para Miguel Prieto
ASUNCIÓN- Las siete admisiones de hechos realizadas por procesados en la causa que investiga un presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este complican aún más el panorama para el exintendente Miguel Prieto. El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, sostuvo que estos reconocimientos fortalecen la teoría del caso del Ministerio Público y aportan información relevante sobre distintas aristas de la investigación, cuya principal hipótesis apunta a responsabilidades dentro de la administración municipal.
La última en admitir los hechos fue Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de M&M Construcciones, quien además fue beneficiada con un pedido de suspensión condicional del procedimiento. Con ella, ya son siete de los 11 procesados que reconocieron su participación y solicitaron esta salida procesal, que contempla también la reparación del daño.
“Para nosotros esto fortalece la investigación”, afirmó Corbeta, quien explicó que las admisiones voluntarias aportan elementos que permiten robustecer la hipótesis planteada por la Fiscalía. Señaló que, además del presunto perjuicio patrimonial, existen otras circunstancias vinculadas al periodo previo y a la ejecución de las obras que se fueron confirmando durante la investigación.
El fiscal explicó que, en esta causa, la línea investigativa se centra en recursos obtenidos por la Municipalidad para una obra determinada, su transferencia al Consejo Local de Salud y la posterior contratación de empresas para ejecutar los trabajos. Según la hipótesis fiscal, el esquema habría permitido el desvío de recursos públicos.
Corbeta cuestionó especialmente la falta de controles por parte de la Municipalidad. Sostuvo que, aunque durante la pandemia existían mecanismos excepcionales para determinados procedimientos, eso no eliminaba la obligación de controlar el destino y la ejecución de los fondos públicos.
“Se dejó completamente al arbitrio del Consejo de Salud”, afirmó el fiscal, al señalar que la Municipalidad no habría realizado los controles, dictámenes y verificaciones que correspondían sobre las obras.
EMPRESA VINCULADA A UNA FUNCIONARIA MUNICIPAL
En cuanto a la séptima procesada, Corbeta reveló que Alen Guerrero era funcionaria de la Municipalidad durante el periodo en que la empresa que representaba fue adjudicada. Agregó que su actividad comercial estaba vinculada principalmente a la contabilidad y no a la construcción.
Según la hipótesis de la Fiscalía, sus conocimientos habrían facilitado la creación de la empresa que terminó siendo contratada para las obras. Los informes técnicos elaborados por profesionales del Laboratorio Forense del Ministerio Público, de acuerdo con el fiscal, detectaron “serias inconsistencias” entre lo que supuestamente debía construirse y lo efectivamente ejecutado.
Corbeta habló además de una posible “colusión” en la contratación de una persona vinculada a la Municipalidad y señaló que la investigación detectó una diferencia de más de G. 500 millones respecto de una de las empresas. Sumando el perjuicio atribuido a otra firma, el monto se aproxima a los G. 750 millones.
PRIETO, ENTRE LOS QUE ESPERAN LA DEFINICIÓN FISCAL
El Ministerio Público tiene como fecha límite el 9 de septiembre para presentar el requerimiento conclusivo. Ese día deberá definir la situación procesal de Miguel Prieto, su pareja y actual concejal municipal Valeria Romero y Sebastián Martínez, también edil comunal.
Corbeta aclaró que Walter García, también imputado, pero actualmente diputado nacional, constituye un caso diferente debido a sus fueros, por lo que la Fiscalía no emitirá una conclusión respecto de él mientras no sea desaforado.
De los 11 imputados, siete ya admitieron los hechos y solicitaron la suspensión condicional del procedimiento. Para Corbeta, esta situación también permite reducir la cantidad de personas que eventualmente deberían enfrentar un juicio oral, evitando que la multiplicidad de procesados genere dificultades o recursos que puedan dilatar el proceso.
El fiscal recordó que esta no es la única causa vinculada a la administración de Prieto. Dos investigaciones, correspondientes a los casos Tía Chela y Tajy, ya fueron elevadas a juicio oral; mientras que la causa relacionada con el hospital de contingencia se encamina a su requerimiento conclusivo. También continúan investigaciones sobre la Costanera, un presunto cohecho y otros hechos relacionados con la administración municipal.
Corbeta sostuvo que la Fiscalía también solicitó desestimaciones en otras investigaciones cuando no encontró elementos suficientes, y defendió que las decisiones adoptadas en cada causa responden exclusivamente a los elementos probatorios reunidos durante las pesquisas.
