La misión Herrera y el persistente sueño anexionista de Buenos Aires
El 20 de mayo de 1813, la llegada de Nicolás de Herrera a Asunción no fue el inicio de un diálogo, sino el desencadenante de una ruptura inevitable. Mientras Buenos Aires enviaba a su emisario con la pretensión soterrada de someter a la antigua provincia, el Paraguay respondió con la única herramienta capaz de frenar la ambición centralista. Este artículo examina cómo la misión de Herrera se convirtió en el catalizador definitivo que dio nacimiento a la primera República del Sur.
El propósito de no “cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo”, guio al Paraguay desde su emancipación de la Corona española en mayo de 1811. Este espíritu soberano rigió el Congreso del 17 de junio de ese mismo año, el cual dispuso de forma tajante que “esta Provincia se gobernará por sí misma”. Dicha postura se transformó en doctrina diplomática a través de la nota del 20 de julio, documento remitido a Buenos Aires en el que la pluma del doctor Francia fijó una posición tan sobria en su tono como clara e inmutable en su determinación.
Si bien, el Tratado del 12 de octubre de 1811 fue un antecedente directo de la misión de Herrera. Sus delegados tenían instrucciones de “insinuar con destreza” que la provincia del Paraguay debía quedar sujeta al Gobierno de Buenos Aires. No obstante, previendo la resistencia paraguaya, el pliego incluía una alternativa: Abandonar de inmediato la exigencia de sumisión y limitarse a pactar una alianza ofensiva y defensiva. Dicho tratado, firmado en Asunción por Manuel Belgrano y Vicente Anastasio de Echevarría con la Junta Superior Gubernativa del Paraguay, era —y sigue siendo— el reconocimiento jurídico de la autonomía y de la independencia paraguayas hecho por Buenos Aires con plena formalidad. También estipulaba una “alianza indisoluble” entre dos Estados, una “sólida y perpetua amistad”, la prestación recíproca de auxilios, la libre circulación comercial y la supresión de los derechos coloniales sobre la yerba y el tabaco.
Pero durante esos dieciocho meses previos, el Tratado de 1811 sufrió reiterados incumplimientos porteños. La misión Herrera fue la respuesta de Buenos Aires a una enérgica nota de protesta paraguaya del 27 de diciembre de 1812. Esta ruptura material del acuerdo por parte de Buenos Aires se ejecutó en tres áreas principales.
En el plano comercial, Buenos Aires vulneró el artículo adicional que fijaba un impuesto moderado de un real y medio para el tabaco y la yerba mate. De forma unilateral, a finales de 1812, impuso un gravamen de tres pesos (veinticuatro reales) al tabaco paraguayo en Santa Fe, lo que significaba un aumento de dieciséis veces sobre lo pactado.
En el plano militar, se violó el principio de reciprocidad y la consideración de las circunstancias de cada provincia. Mientras Paraguay solicitaba comprar armas para defender su frontera norte de las incursiones portuguesas, Buenos Aires le exigió en enero de 1812 el envío de mil soldados a la Banda Oriental, pretendiendo que desguarneciera su propio territorio. Al negarse la Junta paraguaya por una elemental razón de supervivencia, el Gobierno porteño la acusó falsamente de indiferencia. A esto se sumaron hostilidades como el trato denigrante al enviado Martín Bazán y la pretensión de fiscalizar las relaciones paraguayas con José Artigas, agrediendo directamente la soberanía reconocida en el tratado.
El plano territorial constituyó la violación más grave a largo plazo. Buenos Aires desconoció el artículo 4º del tratado –firmado por sus propios comisionados, Belgrano y Echevarría– que ratificaba los límites preexistentes del Paraguay y le otorgaba la custodia y jurisdicción del Departamento de Candelaria en las antiguas Misiones. Al negar la entrega efectiva de este territorio, el Triunvirato repitió la práctica de actuar como si lo firmado no existiera, originando un foco de conflictos limítrofes que se extendería por siglo y medio.
Finalmente, Buenos Aires ejecutó una retención patrimonial indebida de caudales públicos, artillería y un buque paraguayo con un importante cargamento monetario. Aunque a principios de 1813 la Asamblea porteña ordenó la devolución parcial de estos bienes, no lo hizo por un ánimo de reparación justa, sino como una maniobra cosmética para mitigar las protestas y preparar un terreno favorable a la misión de Herrera, confirmando que Buenos Aires era plenamente consciente de sus arbitrariedades mientras consumaba la destrucción del tratado.
El citado oficio del 27 de diciembre de 1812, redactado meses antes de que Herrera pisara Asunción, representa, en términos diplomáticos y literarios, una de las cumbres de la documentación paraguaya del primer ciclo independiente. Combina una denuncia rigurosa, un recordatorio histórico, un ultimátum y una profecía con una cadencia que la pluma del doctor Francia atravesó de cabo a rabo –aunque la firmaran los cuatro vocales–, y cierra con una declaración formal que transformó la naturaleza de la relación bilateral:
“De otra suerte crea V. E. que esta será ya la última instancia, pues no es razón que este Gobierno esté continuamente haciendo el humillante papel de importuno suplicante, sufriendo siempre el desaire de no conseguir nada”.
Cuando Herrera llegó a Asunción, los líderes paraguayos esperaban –razonablemente– que su misión anunciara la supresión de los pesados gravámenes e impuestos y diera satisfacciones por las ofensas acumuladas durante el año previo. En cambio, el enviado venía a proponer la incorporación lisa y llana del Paraguay a la Asamblea Constituyente porteña, ignorando por completo los reclamos del oficio del 27 de diciembre y todos sus precedentes. El insulto era doble: No solo se desconocía el tratado vigente, sino que se proponía sustituirlo por algo más grave –la subordinación– sin siquiera ofrecer reparación por las violaciones pasadas.
El 4 de junio de 1813 se comunicó a Herrera que sus propuestas serían discutidas por la Provincia en un Congreso. Sin embargo, la convocatoria formal a dicho Congreso General , que primeramente se había fijado para el 9 de agosto, fue transferida para el 30 de setiembre, esta dilación, lejos de ser fruto de la mera burocracia, parece haber tenido un propósito deliberado: alargar el procedimiento todo lo posible, en la expectativa de que el enviado, perdiendo la paciencia ante el desgaste de la espera y la frialdad de la recepción, la polémica elección de la Aduana como su residencia forzosa, optara por regresar a Buenos Aires por su propia iniciativa, ahorrando a la Junta el costo diplomático de una negativa frontal.
El Congreso General se reunió en el Templo del Convento de La Merced, bajo la presidencia de Juan Antonio Caballero y la secretaría de Mariano Larios Galván, con la participación de más de mil sufragantes electos en sus respectivas poblaciones. El capitán Juan Bautista Rivarola pronunció una alocución a favor de la unidad con las Provincias Unidas, pero fue recibido hostilmente por los diputados, que tampoco aceptaron que Herrera se acercara al recinto. La declaración republicana del 12 de octubre de 1813 fue, en sentido estricto, una respuesta jurídica defensiva, y fue posible porque el adversario proporcionó la mala fe que justificaba, precisamente, la elevación del derecho propio. El Congreso resolvió expresamente no enviar diputados a la Asamblea de Buenos Aires y constituir un Gobierno de dos Cónsules «que se denominarán de la República del Paraguay», fundando así la Primera República Independiente de Sudamérica.
La partida del enviado se produjo de forma precipitada y bajo estricta custodia, de acuerdo con los testimonios de las fuentes porteñas. A comienzos de noviembre de 1813, Nicolás de Herrera emprendió el viaje de retorno a Buenos Aires sin haber logrado absolutamente ninguno de sus objetivos, tras seis meses de gestiones completamente estériles.
Entre la salida de Nicolás de Herrera en 1813 y el reconocimiento argentino de la independencia paraguaya en 1852, se sucedieron numerosos intentos diplomáticos, militares y conspirativos para reincorporar al Paraguay independiente al espacio rioplatense. Lejos de ser hechos aislados, estos episodios demuestran una política constante de los distintos gobiernos porteños –unitarios, federales y directoriales– orientada a someter o reintegrar al Paraguay.
Desde 1815, el Directorio insistió en invitar al Paraguay a enviar representantes a los congresos nacionales, manteniendo la tesis de que seguía siendo parte de la nación rioplatense. El doctor Francia respondió sistemáticamente con el silencio o el rechazo, impidiendo incluso el ingreso de enviados como Miguel Calixto del Corro (1816) y Juan García de Cossio (1823).
En paralelo surgieron proyectos militares. En 1820, Francisco Ramírez planeó invadir el Paraguay para anexarlo a la “Unión del Sur”, intento que contribuyó a desatar la dura represión interna del régimen francista contra los conspiradores. Más tarde, Manuel Dorrego también proyectó incorporar al Paraguay “por la fuerza”, aunque su repentina caída política impidió la operación.
El episodio más singular ocurrió en 1825, cuando Simón Bolívar propuso a diplomáticos argentinos una expedición conjunta para derrocar a Francia y reincorporar el Paraguay a las Provincias Unidas. Buenos Aires rechazó la idea, pero no por respeto a la soberanía paraguaya, sino por pura conveniencia geopolítica y recelo hacia el Libertador.
La culminación institucional de esta línea política llegó el 18 de marzo de 1850, cuando la legislatura bonaerense autorizó oficialmente a Juan Manuel de Rosas a emplear todos los recursos necesarios para lograr la “reincorporación” del Paraguay a la Confederación Argentina. Era la primera vez que el objetivo anexionista quedaba plasmado como una política estatal explícita y formal.
Finalmente, en 1851, exiliados paraguayos como Fernando Iturburu y Carlos Loizaga pidieron apoyo económico y militar a Rosas para invadir Asunción y forzar la anexión a la Confederación. Este sector anexionista reaparecería trágicamente años después en la llamada “Legión Paraguaya” durante la Guerra de la Triple Alianza.
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