Imputan a intendente y otros por Lesión de Confianza
El Ministerio Público presentó acta de imputación contra el intendente de Concepción, Alejandro Tati Urbieta y tres personas más por el hecho punible de Lesión de Confianza. El proceso guarda relación con algunas obras adjudicadas años atrás y que fueron mal hechas y se encuentran inconclusas
La agente fiscal de la Unidad Penal Nº 3 de Asunción, Stella Mary Cano, que atiende varias causas abiertas contra el intendente Urbieta, presentó imputación contra el mismo por el presunto hecho punible de Lesión de Confianza.
Junto al jefe comunal también fueron imputados Pedro Alberto Vera Escurra, administrador de la Comuna, Arsenio Domínguez, director de obras públicas y Rigoberto Vicencini Benítez, propietario de la empresa de construcciones CONSERPAR.
La carpeta fiscal que determinó la imputación de los mencionados, se originó en setiembre de 2019, cuando la Fiscalía General resolvió unificar unas siete causas abiertas contra el intendente Urbieta, por existir conexidad entre las mismas. Dichos procesos iniciaron por denuncias hechas entre los años 2018 y 2019.
El acta de imputación se basamenta principalmente en una adjudicación multimillonaria hecha a la empresa CONSERPAR para la realización de un paquete de obras en varias partes de la ciudad de Concepción. El monto adjudicado en el año 2016 fue de G. 8.199.571.925, a ser pagados por el sistema plurianual.
Los trabajos a ser realizados conforme al contrato 33/16, suscripto entre la Municipalidad y la empresa mencionada, incluían la construcción del empedrado y desagüe pluvial de la Avda. Boquerón, específicamente la que va desde la calle Quiroz Candia hasta tres cuadras antes del Club Hípico de Concepción; dicha avenida comprende la longitud de 11 cuadras.
Según consta en el acta de imputación, los trabajos periciales demostraron que gran parte de las obras del contrato fueron mal hechas y otra parte se encuentra inconclusa.
En el acta de imputación consta que la Municipalidad informó que hasta el momento, la institución desembolsó G. 6.063.405.010 por los trabajos ya hechos, sin embargo, el evalúo científico demostró que el valor real de los mismos solo alcanza G. 4.466.652.321.
La diferencia existente entre lo informado por Urbieta y la evaluación pericial alcanza G. 1.596.752.689, lo que a criterio de la Fiscalía, constituiría el daño patrimonial en este caso.
El Ministerio Público pidió seis meses de plazo para la correspondiente investigación y los imputados serán citados en las próximas horas por el Juzgado Penal de Garantías para la imposición de las medidas alternativas.
regional660.com
