El mecanismo del gran negociado: TSJE maquilla con adenda feroz irregularidad
Las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) siguen operando impunemente en el negociado de los alquileres. Los documentos a los que accedió el programa televisivo La Caja Negra (Unicanal) revelan que incluyeron una adenda al contrato de alquiles con la empresa Naisal S.A. para maquillar el esq
Ministros del TSJE Alberto Ramírez Zambonini, María Helena Wapenka y Jaime Bestard. Foto: TSJE
Desde el Congreso Nacional se solicitó un informe detallado al TSJE sobre una irregularidad inicial: que muchos inmuebles de las Fuerzas Armadas eran alquiladas a la Justicia Electoral, siendo que generalmente existen convenios entre las instituciones públicas.
A partir de ahí una verdadera caja de Pandora se abrió. De acuerdo a la Dirección General de Contrataciones Públicas, el monto adjudicado en total para una inmobiliaria -identificada como Naisal Negocios Inmobiliarios S.A.- fue de 23.800 millones de guaraníes.
Al principio se mencionó que solo eran Gs. 11 mil millones, sin embargo, existe un reciente adjudicación por un contrato de 23 meses que aún no fue facturado.
La citada firma pertenece al exdirector de medios, Ismael Hadid Florentín y desde hace cuatro años, factura anualmente al TSJE en concepto de alquiler de unas 200 oficinas que sirven de depósitos, tribunales, juzgados y registros electorales en todos los departamentos del país.
Al contrato firmado entre Naisal S.A y el TSJE que data del 2017 por valor de Gs. 10.146.680.000 por alquileres de inmuebles por un plazo de 23 meses, le agregaron una adenda en la que solicitan el cambio de los locales electorales de los distritos de Catedral, Natalicio Talavera, J.A. Salvídar, Villalbín y Lambaré además una disminución parcial del monto total adjudicado a la empresa Naisal S.A. por motivo del traslado de la sede del Registro Electoral de Concepción a un local propio.
EL MECANISMO
Para darle un soporte jurídico a la operación, los ministros del TSJE Alberto Ramírez Zambonini, María Helena Wapenka y Jaime Bestard, solicitaron los dictámenes de la Asesoría Jurídica y la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo electoral. Ambas direcciones dieron dictamen favorable a la operación, incluso bajo sospechas de haber antedatado documentos. En los dictámenes destacan el “ahorro” para el Estado paraguayo de G. 42 millones.
El contrato entre Naisal S.A. y el TSJE fue formalizado el 3 de febrero del año 2017 y esta adenda fue solicitada supuestamente el 19 de enero del año 2018 y no fue comunicada a la Dirección General de Contrataciones Públicas lo que implica una violación a las disposiciones legales.
Entre otras otras cuestiones llamativas aparece que Naisal S.A. alquila un inmueble perteneciente a la DIGETREN por G. 11.550.000 para después volver a alquilarla al TSJE, a quien cobra G. 28.000.000 de manera mensual, mucho mas que el doble.
Si estos inmuebles pertenecen a las Fuerzas Armadas, ¿por qué el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), no ha realizado un convenio con dicha institución del Estado a fin de ahorrar al erario público el pago de las locaciones?
