El Legislativo acostumbra hacer caridad con dinero ajeno

Desde el año 2009 existe una ley que permite que los adultos mayores de 65 años accedan a una pensión alimentaria bajo condiciones específicas, que viva en situación de pobreza, que no reciba ningún tipo de asistencia o remuneración del sector público o privado ni te que tampoco tenga cuentas pe

Samuel Acosta
@acostasamu
Periodista

El Congreso lo que hizo fue modificar la especificación para acceder a este beneficio poniendo como requisito que una persona adulta mayor esté en “situación de vulnerabilidad social”, lo cual se presta para un abanico de interpretaciones que permita soltar el chorro del dinero público hacia personas que en realidad se aprovecharían de recursos que originalmente están pensados solo para casos extremos.

Lo que es más grave, el Parlamento a pesar de las objeciones de aplicación que hizo Hacienda rechazó el veto del Ejecutivo para que la norma se convierta en ley. Lo hizo sin que la ley contemple claramente de dónde se van a quitar los recursos para pagar esa asistencia que, según cálculos preliminares, significarían unos US$ 80 millones adicionales de gasto público.

A la fecha y con la ley vigente son unas 198 mil personas las que están siendo asistidas con esta ayuda económica que, de hecho, no ha escapado de polémicas al constatarse que existe un gran número de persona que ni por asomo están en situación de mendicidad y aun así lograron burlar los controles para recibir el pago del efectivo mensual.

Modelos de asistencia social de tinte populista llevaron a la Argentina y el Brasil a enfrentar las peores crisis económicas en los últimos años y ahora, desesperados, buscan recetas para salir del embrollo de exceso del gasto público. Abrir demasiado el campo de acción de una pensión alimentaria se presta a que se utilice una herramienta noble, para hacer campaña electoral y acosta de nuestro bolsillo.