Diputado Samaniego, tras proyecto de repartija de subsidio en las cárceles

En la antesala de un año electoral candente, el diputado Arnaldo Samaniego se esmera en revertir la disposición del pago bimestral de “ayuda alimenticia” de G. 1.700.000 a los guardiacárceles que cumplen una jornada laboral de 24 horas, dispuesto este año en el clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto. El l

Un pequeo filtro se aplic al clasificador presupuestario de la Ley N 6873/2022 de Presupuesto para que en el Ministerio de Justicia se beneficie con el subsidio bimestral de ayuda alimentaria a los guardiacrceles que realmente trabajan horario continuado de 24 horas y de esta forma se excluye del beneficio a los administrativos, as como otros funcionarios que se privilegian cumpliendo un horario laboral de 8 horas o menos en la institucin.

Que coman en sus casas fue el criterio que tuvieron con relacin a la gente que debe trabajar 8 horas o menos.

Este ajuste representa un importante ahorro para un ministerio que arrastra urgencias penitenciarias y que tiene un montn de carencias por resolver. Es as que el Congreso aprob este ao pagar subsidio de alimentacin bimestral (que es uno de los 4 que perciben todos los funcionarios del Ministerio de Justicia) solamente a los guardias que cumplen 24 horas corridas de trabajo intercalado con 48 horas de descanso.

Proyecto de ley para modificar recorte de subsidio presentado das atrs por el diputado Samaniego.

El subsidio de ayuda alimenticia es de G. 1.700.000 por cada beneficiario y los sindicalistas atribuyen este privilegio a una conquista tras la huelga que haban realizado los funcionarios penitenciarios en el 2019. El pequeo detalle es que este subsidio no se reduce solamente a los guardiacrceles, ya que funcionarios administrativos incluso con salarios diferenciados registran estos cobros bimestrales, segn un rpido repaso del portal de transparencia de la institucin.

Se estima que, con el recorte, este subsidio de G. 7.000 millones se puede reducir a G. 4.000 millones. Adems, con los nuevos centros penitenciarios y la necesidad de nuevas contrataciones de guardiacrceles, la medida representa un blindaje para que no se reviente el presupuesto institucional, considerando que al ao la citada cartera gasta unos G. 14.000 millones en pagos de diferentes subsidios como el escolar, defuncin, nacimiento.

REABRIR LA CANILLA

Un ambiente de malestar trajo el recorte del subsidio de alimentacin y en este escenario de mayor austeridad apareci el diputado Arnaldo Samaniego con un proyecto para reabrir la canilla para todos los funcionarios vinculados al sistema penitenciario y al Servicio Nacional de Atencin al Adolescente Infractor.

Samaniego, quien ya present el proyecto de modificacin del clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto el 22 de marzo pasado, alega la baja remuneracin de los funcionarios asignados a los centros de reclusin, adems de que el Ministerio de Justicia cuenta con los recursos para el subsidio en disputa.

Parte del clasificador presupuestario que busca cambiar para abrir la canilla al pago de subsidio por ayuda alimenticia.

En su proyecto, Samaniego refiere que mantuvo reuniones con sindicalistas, directivos y la mxima autoridad institucional de dicha institucin; esta ltima se comprometi a arbitrar los trmites correspondientes para el pago de dicho subsidio para todos los funcionarios con categora AP, vinculados al sistema penitenciario y al Servicio Nacional de Atencin al Adolescente Infractor. Es sabido que el legislador est en constante lobby en el Ministerio de Justicia y no es precisamente un sindicalista accidental considerando los operadores polticos que tiene en las diferentes penitenciaras.

Al parecer, en el Ministerio de Justicia estn bsicamente alineados al proyecto de Samaniego. El director general de Administracin y Finanzas, Jorge Gonzlez Cabello, seal que es volver a pagar lo que se pagaba antes, bsicamente. Sostuvo que hay crdito presupuestario; sin embargo, se sabe que al inflarse de nuevo los gastos, ms las futuras incorporaciones de personal penitenciario, se arriesgan los recursos financieros.

Cabe recordar que el acuerdo que intentan reivindicar es el conocido como acuerdo JJ, de la poca de Julio Javier Ros, ex ministro en cuya administracin los centros penitenciarios explotaron en violencia. Esta situacin tambin es la que se dibuja de alguna manera en la gestin del recientemente nombrado ministro de Justicia, dgar Olmedo, quien ya est preso del clan Rotela, que le impuso un jefe de seguridad en Tacumb hace unas semanas.

Subsidio para guardiacrceles, pero que tambin cobran administrativos, fue limitado este ao y Samaniego pretende recuperarlo.

lanacion.com