Causa Prieto: séptima imputada reconoce esquema de corrupción
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, tras admitir los hechos investigados en el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, que salpica al exintendente esteño Miguel Prieto, destituido por corrupción, quien también fue imputado en esta causa.
Una nueva admisión de culpabilidad sacude el proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, quien se convirtió en la séptima persona procesada en reconocer oficialmente su participación dentro del esquema que provocó un millonario desfalco a las arcas municipales a través del Consejo Local de Salud.
A través del Requerimiento Fiscal número 66, los agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle solicitaron formalmente la abreviación de los plazos procesales tras la audiencia indagatoria, en la cual la procesada prestó su total conformidad para acceder a la suspensión condicional del procedimiento.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Alen Guerrero figuraba como la supuesta representante legal de la empresa M&M Construcciones. Sin embargo, los cruces de datos realizados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios destaparon que la firma no registraba ninguna compra de materiales de construcción y que la mujer operaba en realidad como contadora, funcionando la estructura comercial únicamente como una empresa de fachada para la adjudicación de fondos públicos.
El contrato investigado fue adjudicado el 1 de diciembre de 2020 para la ejecución de obras en el Pabellón de Trauma del Hospital Regional de Ciudad del Este. Sobre este punto, un informe técnico elaborado por el Laboratorio Forense de la Fiscalía confirmó una disparidad e incongruencia de 505.154.095 guaraníes entre los desembolsos realizados por el Municipio y las obras efectivamente construidas en el sitio. Asimismo, el perjuicio patrimonial total consolidado que atribuye el Ministerio Público en esta causa asciende a 757.166.276 guaraníes.
Respecto a la calificación jurídica, los fiscales explicaron que la imputada no poseía la condición de garante directa ni de ordenadora de gastos del patrimonio municipal, motivo por el cual fue tipificada bajo la figura de cómplice de lesión de confianza, en concordancia con los artículos correspondientes del Código Penal.
Pago de 50 millones de guaraníes
Al no revestir el grado de autora principal y al no superar la expectativa de pena de los dos años de prisión, la Fiscalía allanó el camino para suspender la persecución penal por un periodo de prueba de un año. Para acceder a dicho beneficio, la procesada ofreció un paquete de medidas reparatorias que deberá ser ratificado y homologado por el Juzgado Penal de Garantías.
Entre las reglas impuestas se establece la reparación del daño social mediante el pago en efectivo de 50.000.000 de guaraníes, dinero que será destinado a una entidad de beneficencia o a una cuenta judicial.
Además, Alen Guerrero tendrá la prohibición estricta de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización previa, sumada a la obligación de comparecer de forma trimestral para la firma del libro de control ante el Juzgado de Ejecución.
