Abogado deja serias dudas y sospechas sobre su participación en litigio que involucra a la ANNP y la Municipalidad de PJC
Tras la publicación del presunto negociado en la venta de un inmueble perteneciente a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) por parte de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero durante la administración de José Carlos Acevedo, la respuesta brindada a modo de comentario por el abogado Rodney Maciel
El abogado Rodney Maciel Guerreño a través de un comentario en la red social Facebook, afirma que en el citado juicio ha defendido los intereses de una persona privada, su cliente, pero sin mencionar la identidad.

Su madre, la señora Leila Guerreño de Maciel, naturalmente salió en defensa del hijo a través de otro comentario en la red social, afirmando que a pesar de todos los documentos y datos recabados, la publicación periodística no pasaba de un simple comentario a su criterio. También afirmó que la verdad se demuestra con pruebas fehacientes, elementos que su hijo no quiso mostrar en su momento.
Consideró que la investigación sobre la titulación y venta ilegal de un inmueble del Estado Paraguayo es parte de una crítica sin validez en el área judicial.

Llamativamente el profesional del derecho se excusa de brindar más información sobre el caso que afecta al Estado y por ende a todos los contribuyentes como él, reiterando que dispone de este espacio para ejercer su derecho a réplica con la documentación respaldatoria.
El misterio sobre el o la cliente de Maciel Guerreño abre nuevas interrogantes sobre la compradora final del inmueble.
La investigación revela aspectos sospechosos sobre cómo la Municipalidad tituló este inmueble y fue vendido a una ciudadana brasileña cuyos datos personales resultan muy llamativos.

Se trata de Gizely Fernandes, de 40 años, con cédula de identidad N° 5.792.093 nacida en Balneario Camboriú, ciudad turística del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil.
Esta compradora del inmueble no aparece en el Registro Cívico Permanente (Padrón 2021) a pesar de contar con documentación paraguaya.
También llama poderosamente la atención que en los registros del Departamento de Informática de la Policía Nacional Gizely Fernándes fija domicilio en las calles Mariscal López N° 2103 casi Blas Garay del barrio General Díaz. Esta dirección categóricamente no existe por lo que se presume fueron datos adulterados.
Incluso aparecieron en una base de datos paralela de la Policía Nacional, que podría demostrar que fueron informaciones insertadas intencionalmente violando ciertos aspectos legales.
La única manera de demostrar que los datos no fueron adulterados sería la aparición de esta misteriosa compradora.
VENTA
Los dudosos datos personales de la compradora final del inmueble no son todo lo que genera dudas y sospechas del presunto negociado, los documentos de la Municipalidad revelan que se creó un título argumentando la existencia de un excedente de terreno identificado como finca N° 01/12.558 (sobre Avda. Dr. Francia esquina Jorge Casaccia del barrio San Antonio) pasando a ser bien de dominio privado municipal que se superpone a una fracción de los inmuebles de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (Finca N° 4.160 y N° 6865).
La Resolución N° 342/2011 de fecha 31 de agosto de 2011 muestra que la Intendencia Municipal resolvió aprobar los planos de relevamiento e informe pericial de la mencionada fracción de terreno realizados por el Ing. Civil Víctor Hugo Duarte y ordenó la realización de los trámites correspondientes para la regularización y registro del citado inmueble, determinando unilateralmente la existencia de un terreno municipal identificado como solar Municipal “A” de la Manzana “D” del Sector III.
Además de crear un título dudoso, la denuncia revela la venta irregular del inmueble a particulares, perjudicando una superficie de 4.421,24 m2 a la ANNP.
El 6 de diciembre de 2011 por medio de la Resolución N° 518 Acevedo adjudicó dicho inmueble en propiedad definitiva por venta a favor de Germán Dávalos Benítez y este a su vez, sospechosamente en ese mismo día lo cedió a Gizely Fernández.

Por medio de la resolución N° 550/2011 del 23 de diciembre del 2011, la Municipalidad reconoce a favor de Gizely Fernandes la adjudicación en propiedad definitiva del solar municipal “A” de la manzana “D” del sector III por cesión de derechos tras haber adquirido el inmueble de Germán Dávalos Benítez según escritura pública N° 55 del 6 de diciembre del 2011 de la Notaria y Escribana Pública Ana Cristina Vera de Chamorro.
ORIGEN

Para entender el contexto de la investigación nos remontamos al año 2013, cuando la Administración Nacional de Navegación y Puertos, con la representación de su titular en ese entonces, el extinto Fernando Nicora López Moreira, con el patrocinio del abogado Pedro Daniel Candia, radica una demanda en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 8° turno a cargo del juez Neri Joel Kunzle contra la Municipalidad de Pedro Juan Caballero durante la administración de José Carlos Acevedo para reivindicar la posesión y título de un inmueble que pertenece al ente estatal.
Supuestamente, este no sería el primer caso donde el inmueble habría sido parte de un negociado, ya que la Municipalidad habría vendido esta parcela de tierra por la suma de 800 mil dólares a un muy conocido “comerciante de frontera” que al enterarse de la irregularidad en la cual se encontraba el terreno, exigió la devolución de su dinero.
Esto se habría realizado con la venia del extinto Fernando Nicora López Moreira, exdiputado por el Partido Liberal Radical Auténtico y expresidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos durante el gobierno del también liberal Federico Franco.
La denuncia pudo ser el resultado de un desacuerdo entre Acevedo y López Moreira, quien falleció en agosto del 2020 luego de dar positivo al covid 19.

El juez de Delitos Económicos, José Delmás, en junio del año pasado elevó a juicio oral y público el proceso penal por estafa al exdiputado liberal y extitular de Puertos quien fue acusado de haber alquilado un predio de la ANNP generando un perjuicio patrimonial de G. 660 millones a la citada institución.
Este es solo un ejemplo y uno de los casos de corrupción donde se vio involucrado el desaparecido Fernando Nicora López Moreira.
FALLOS

El juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del noveno turno de la jueza Mafalda María Cámeron Luque, dictó el A.I. N° 548 de fecha 21 de abril del 2015 donde hace lugar a la excepción de incompetencia deducida por el abogado Cezar Carmelo Torres Lesme en representación de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y por la señora Gizely Fernandes en consecuencia se declaró incompetente para entender en el proceso de nulidad de acto jurídico.
En el marco del expediente 04 caratulado Administración Nacional de Navegación y Puertos contra la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y otros sobre nulidad de acto jurídico (año 2013) el abogado Rodney Maciel Guerreño argumenta que habiendo quedado firme y ejecutoriado el A.I. N° 548 de fecha 21 de abril del 2015 por el cual se hizo lugar a la “excepción de incompetencia” del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, peticionó el levantamiento de las medidas cautelares de “anotación preventiva de la litis y prohibición de innovar” recaídas sobre la finca con matrícula N° 12.558 de PJC, que fuera decretado mediante la providencia de fecha 7 de febrero del 2013.
Las medidas cautelares estaban destinadas a proteger el inmueble del manoseo al cual había sido sometido por la administración del clan Acevedo y secuaces.

El documento remitido por Maciel Guerreño señala “disponer levantamiento de medidas cautelares y librar oficios a la Dirección General de los Registros Públicos” que data de mayo del 2015.

ESPACIO PÚBLICO RECREATIVO
Este presunto negociado le está privando a la ciudadanía pedrojuanina y fronteriza de poder desarrollar un proyecto de instalación de un espacio público recreativo en este inmueble, propiedad del Estado. Podría convertirse en un lugar destinado a la recreación de niños, jóvenes y adultos mayores, con áreas de juegos, actividad física al aire libre y juegos de mesa para los mayores (ajedrez, damas, cartas, entre otros).
Sin las medidas cautelares, podrían realizarse más negocios turbios con este inmueble y el municipio está perdiendo la posibilidad de aprovechar este lugar como un espacio recreativo para niños, jóvenes y adultos.
CAMISA 12 recuerda que toda persona neutral o jurídica tiene derecho a réplica, para rectificar o contestar la presente publicación si considera que existen hechos que le aluden o datos inexactos cuya divulgación pueda causarle perjuicio.
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